Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al terminar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y haitianos que viven y trabajan en el país, confirmaron fuentes judiciales y medios internacionales.

Un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito —los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone— ratificó un fallo previo de un tribunal inferior y determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al poner fin al TPS para personas procedentes de Venezuela y Haití.

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“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, dijeron los jueces en su decisión.

El TPS es un programa humanitario previsto por el Congreso que permite a nacionales de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer legalmente en EE. UU., obtener permisos de trabajo y evitar la deportación temporal.

¿Qué implica la decisión?

Según el tribunal, el intento de Noem de terminar el TPS para los venezolanos y haitianos no se basó en un análisis legal adecuado ni siguió el proceso requerido por la ley, lo cual generó “consecuencias reales y significativas” para miles de familias residentes en Estados Unidos.

Los jueces señalaron que la terminación anticipada de estas protecciones ha dejado a muchas personas en un estado constante de temor a la deportación, detención y separación familiar, pese a que cumplen roles productivos en sus comunidades.

Aunque el fallo es claro sobre la ilegalidad de la medida, no tendrá efectos prácticos inmediatos: en octubre pasado la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la decisión de Noem entrara en vigor mientras se resuelve el caso en última instancia, lo que mantiene el programa terminado por el momento.

El panel también confirmó que la terminación anticipada del TPS para haitianos fue igualmente fuera de la autoridad estatutaria otorgada por el Congreso.

Desde la administración estadounidense, portavoces del Departamento de Seguridad Nacional han defendido previamente que el TPS es un mecanismo temporal y que las condiciones en algunos países han cambiado lo suficiente como para reconsiderar su continuidad, aunque estas interpretaciones han sido duramente criticadas en la justicia.

El caso podría continuar su trámite ante instancias superiores en Washington, incluso hasta la Corte Suprema, donde la decisión final definiría el futuro legal de cientos de miles de residentes afectados.

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